VOTE411 Voter Guide

This proposition is an amendment to the Arizona laws by the legislature. The Voter Protection Act limits the Arizona legislature s ability to amend or repeal voter-approved initiatives and referendums. Amendments must further the measure s original purpose and require a three-fourths majority in both legislative chambers. Repeals cannot be done unilaterally by the legislature and must be approved by voters through a new ballot proposition.Official TitleAMENDING TITLE 1, CHAPTER 5, ARTICLE 1, ARIZONA REVISED STATUTES, BY ADDING SECTIONS 1-503 AND 1-504; AMENDING TITLE 13, CHAPTER 34, ARIZONA REVISED STATUTES, BY ADDING SECTION 13-3424; AMENDING TITLE 13, CHAPTER 38, ARIZONA REVISED STATUTES, BY ADDING ARTICLE 35; AMENDING TITLE 23, CHAPTER 2, ARTICLE 2, ARIZONA REVISED STATUTES, BY ADDING SECTION 23-215; RELATING TO RESPONSES TO HARMS RELATED TO AN UNSECURED BORDER.Descriptive TitleMAKES IT A CRIME FOR PERSONS WITHOUT LAWFUL STATUS IN THE UNITED STATES TO SUBMIT FALSE INFORMATION IN APPLICATIONS FOR PUBLIC BENEFITS AND EMPLOYMENT, AND ENTER OR REMAIN IN THE COUNTRY UNDER CERTAIN CIRCUMSTANCES. MAKES IT A CRIME TO SELL FENTANYL THAT LATER CAUSES THE DEATH OF A PERSON.For more informationArizona Secretary of State Official TextArizona Joint Legislative Budget CommitteePublicly-filed arguments forPublicly-filed arguments againstDOWNLOAD PRINTABLE BROCHURE (ENGLISH) (SPANISH)Video Prop 314 Explained Video All Ballot Props Explained¿Qué Hay En Tu Boleta De Votación?Impact on ArizonansA YES vote will establish new crimes for undocumented individuals, including applying for public benefits with false documents, providing false information about work authorization to employers, entering Arizona illegally at locations other than official ports of entry, and remaining in the U.S. after a criminal conviction and court-ordered deportation It also criminalizes the sale of fentanyl resulting in death. Individuals convicted of these crimes will face deportation orders from state courts, which will be enforced by state and local law enforcement, shifting immigration control to state authorities.A NO vote will maintain the current criminal laws and the federal government’s exclusive authority over deportation.BackgroundThe federal government holds constitutional jurisdiction over border security. These laws, often called show me your papers laws, have historically targeted a specific demographic and increased the risk of racial profiling. A 2010 Arizona law, SB 1070, sparked protests and boycotts over such concerns. The U.S. Supreme Court ruled against most of that law in 2012, reaffirming that immigration regulation is a federal issue and states cannot make their own rules in this area. Courts have blocked similar laws in other states.ProvisionsThe new legislation establishes state misdemeanor and felony offenses for crossing the Arizona border through non-official ports of entry. It allows judges to issue orders for individuals without lawful presence to return to their country of origin and requires law enforcement to transport these individuals to a port of entry if ordered. The law grants government entities and officials immunity from civil liability for enforcing illegal entry laws or return orders. It mandates the Arizona Department of Corrections to accept individuals arrested or convicted of illegal entry if local agencies cannot. The act criminalizes submitting false documents by individuals unlawfully present in the U.S. to obtain public benefits or evade employment eligibility checks. It also increases penalties for selling fentanyl that results in a death. Prosecutions under the new law cannot begin until a similar law in Texas or another state has been in effect for at least 60 consecutive days.Fiscal Analysis (Joint Legislative Budget Committee)Implementing new border enforcement measures is expected to cost $41 million annually for arrests, processing, and related activities, with incarceration costs potentially rising to $178 million by FY 2029. Additional costs will come from local prosecutions and increased fees for the federal SAVE system. Potential savings from reduced public benefit demand and K-12 enrollment are uncertain, while lower immigration could reduce state and local tax revenues, making the financial impact complex and unpredictable.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Esta proposición es una enmienda a la Constitución de Arizona por parte de la legislatura. La Ley de Protección al Votante limita la capacidad de la legislatura de Arizona para enmendar o derogar las iniciativas y referendos aprobados por los votantes. Las enmiendas deben promover el propósito original de la medida y requieren una mayoría de tres cuartas partes en ambas cámaras legislativas. Las derogaciones no pueden ser realizadas unilateralmente por la legislatura y deben ser aprobadas por los votantes a través de una nueva proposición en la boleta electoral.Título oficialENMIENDA DEL TÍTULO 1, CAPÍTULO 5, ARTÍCULO 1, DE LOS ESTATUTOS REVISADOS DE ARIZONA, MEDIANTE LA ADICIÓN DE LAS SECCIONES 1-503 Y 1-504; ENMIENDA DEL TÍTULO 13, CAPÍTULO 34, DE LOS ESTATUTOS REVISADOS DE ARIZONA, MEDIANTE LA ADICIÓN DE LA SECCIÓN 13-3424; ENMIENDA DEL TÍTULO 13, CAPÍTULO 38, DE LOS ESTATUTOS REVISADOS DE ARIZONA, MEDIANTE LA ADICIÓN DEL ARTÍCULO 35; ENMIENDA DEL TÍTULO 23, CAPÍTULO 2, ARTÍCULO 2, DE LOS ESTATUTOS REVISADOS DE ARIZONA, MEDIANTE LA ADICIÓN DE LA SECCIÓN 23-215; RELACIONADO CON LAS RESPUESTAS A LOS DAÑOS RELACIONADOS CON UNA FRONTERA NO ASEGURADA.Título descriptivoCONVIERTE EN DELITO QUE LAS PERSONAS SIN PRESENCIA LEGAL EN LOS ESTADOS UNIDOS PRESENTEN INFORMACIÓN FALSA EN SOLICITUDES DE BENEFICIOS PÚBLICOS Y EMPLEO, Y QUE INGRESEN O PERMANEZCAN EN EL PAÍS BAJO CIERTAS CIRCUNSTANCIAS. CONVIERTE EN DELITO LA VENTA DE FENTANILO QUE LUEGO CAUSA LA MUERTE DE UNA PERSONA.Para más informaciónTexto Oficial del Secretario de Estado de ArizonaComité Conjunto de Presupuesto Legislativo de ArizonaArgumentos a favor presentados públicamenteArgumentos en contra presentados públicamenteImpacto sobre los habitantes de ArizonaEl voto a favor (SÍ) establecerá nuevos delitos para personas indocumentadas, incluyendo solicitar beneficios públicos con documentos falsos, proporcionar información falsa sobre autorización de trabajo a empleadores, ingresar ilegalmente a Arizona en lugares que no sean puertos de entrada oficiales y permanecer en los Estados Unidos después de una condena criminal y una orden de deportación dictada por un tribunal. También criminaliza la venta de fentanilo que resulte en la muerte de una persona. Las personas condenadas por estos delitos enfrentarán órdenes de deportación de los tribunales estatales, que serán ejecutadas por las fuerzas del orden estatales y locales, trasladando el control de la inmigración a las autoridades estatales.El voto en contra (NO) mantendrá las leyes penales actuales y la autoridad exclusiva del gobierno federal sobre la deportación.AntecedenteEl gobierno federal tiene jurisdicción constitucional sobre la seguridad fronteriza. Estas leyes, a menudo denominadas muéstrame tus documentos , han estado históricamente dirigidas a un grupo demográfico específico y han aumentado el riesgo de perfil racial. Una ley de Arizona de 2010, SB 1070, provocó protestas y boicots por tales preocupaciones. La Corte Suprema de los Estados Unidos falló en contra de la mayoría de esa ley en 2012, reafirmando que la regulación de la inmigración es un asunto federal y que los estados no pueden establecer sus propias reglas en este tema. Los tribunales han bloqueado leyes similares en otros estados.DisposicionesLa nueva legislación establece delitos menores y graves a nivel estatal por cruzar la frontera de Arizona a través de puntos de entrada no oficiales. Permite a los jueces emitir órdenes para que las personas sin presencia legal regresen a su país de origen y requiere que las fuerzas del orden transporten a estas personas a un puerto de entrada si así se les ordena. La ley otorga inmunidad a las entidades gubernamentales y a los funcionarios en temas de responsabilidad civil por hacer cumplir las leyes de entrada ilegal u órdenes de retorno. Obliga al Departamento de Correcciones de Arizona a aceptar a personas arrestadas o condenadas por entrada ilegal si las agencias locales no pueden hacerlo. La ley criminaliza el uso de documentos falsos por parte de personas presentes ilegalmente en los Estados Unidos para obtener beneficios públicos o evadir verificaciones de elegibilidad para el empleo. También aumenta las penas por la venta de fentanilo que resulte en una muerte. Los enjuiciamientos bajo la nueva ley no pueden comenzar hasta que una ley similar en Texas u otro estado haya estado en vigor durante al menos 60 días consecutivos.Análisis fiscal (Comité Conjunto de Presupuesto Legislativo de Arizona)Se espera que la implementación de nuevas medidas de control fronterizo cueste $41 millones anuales para arrestos, procesamiento y actividades relacionadas, con costos de encarcelamiento que podrían aumentar a $178 millones para el año fiscal 2029. Habrá costos adicionales por los enjuiciamientos locales y el aumento de tarifas para el sistema federal SAVE. Los posibles ahorros por la reducción en la demanda de beneficios públicos y la inscripción en K-12 son inciertos, mientras que una menor inmigración podría reducir los ingresos fiscales estatales y locales, haciendo que el impacto financiero sea complejo e impredecible.Additional campaign finance information for this ballot measure may be found on OpenSecrets: https://www.opensecrets.org/ballot-measures/AZ/2024/summary